En 2017, un millón de personas desaparecieron de la vida pública en Xinjiang. No hubo guerra declarada, ni desastre natural, ni epidemia. Fueron detenidos en campos de reeducación por ser musulmanes uigures. En 2023, el FBI reportó un aumento del 36% en crímenes de odio contra judíos en Estados Unidos, la cifra más alta desde que se recopilan datos en 1991. Entre ambos eventos, hay un hilo conductor que pocos quieren ver: la persecución religiosa no es un residuo del pasado, sino un termómetro de la salud de cualquier sistema político. Y el termómetro está marcando fiebre.
Este artículo no es un inventario de horrores, sino una disección de cómo el poder —en sus formas más diversas— utiliza la fe como campo de batalla. Desde los campos de concentración para uigures hasta las leyes de ciudadanía en India, desde el laicismo militante francés hasta la destrucción de iglesias armenias en Azerbaiyán, exploraremos las cifras, los mapas y, sobre todo, los silencios incómodos que la comunidad internacional prefiere ignorar. Porque la pregunta no es solo quién persigue, sino por qué unas persecuciones merecen titulares globales y otras apenas una nota al pie.
El mapa de la intolerancia: una geografía de la persecución
Para entender la magnitud del fenómeno, es necesario abandonar la idea de que la persecución religiosa es un problema exclusivo de regímenes teocráticos o de zonas de conflicto armado. Según el informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Libertad Religiosa Internacional (2023), el 84% de la población mundial vive en países con restricciones gubernamentales altas o muy altas a la religión. El dato, proveniente del Pew Research Center, no distingue entre democracias liberales, autocracias o teocracias: la intolerancia es transversal.
Los focos más visibles son, sin duda, los que implican violencia directa. En Nigeria, la insurgencia de Boko Haram —y su escisión, el Estado Islámico en África Occidental— ha causado más de 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados desde 2009, según la ONU. Aunque el conflicto tiene raíces políticas y económicas, su objetivo declarado es imponer la ley sharía y erradicar la educación "occidental", atacando sistemáticamente a cristianos y musulmanes moderados. En Irak y Siria, el autodenominado Estado Islámico (ISIS) cometió un genocidio contra cristianos asirios y caldeos, así como contra los yazidíes, entre 2014 y 2019. La ONU calificó la situación de "limpieza étnica y religiosa". La comunidad cristiana en Irak ha pasado de 1,5 millones en 2003 a menos de 250.000 en 2023.
Pero el mapa es mucho más amplio. En Pakistán, la comunidad Ahmadiyya —declarada "no musulmana" en 1974— sufre persecución legal y social constante. En 2023, se reportaron más de 20 ataques a mezquitas ahmadíes y al menos 5 asesinatos por blasfemia, según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. En Egipto, aunque la ley de 2016 facilitó la construcción de iglesias cristianas coptas, en la práctica sigue siendo un proceso burocrático lleno de obstáculos. Human Rights Watch documentó en 2022 que al menos 12 iglesias seguían sin permiso oficial, y los ataques sectarios —como el incendio de una iglesia en Giza en 2022— continúan sin condenas firmes.
En Asia, la situación es igualmente alarmante. En Birmania, la violencia contra la minoría musulmana rohinyá fue la más visible, pero también hay persecución contra cristianos e hindúes. Tras el golpe de Estado militar de 2021, la Junta ha utilizado la retórica nacionalista budista para justificar la represión, atacando iglesias y mezquitas en regiones como Chin y Sagaing. En Corea del Norte, el gobierno persigue sistemáticamente cualquier religión organizada, considerándola una amenaza al culto al líder. Según el Departamento de Estado de EE. UU., se estima que entre 50.000 y 70.000 cristianos han sido enviados a campos de prisioneros políticos. El régimen ejecuta a quienes poseen Biblias o celebran cultos domésticos.
Y luego está el caso de China en Xinjiang. Desde 2017, la región autónoma ha sido sometida a un sistema de vigilancia masiva y "campos de reeducación". Según datos de la ONU y gobiernos occidentales, más de un millón de musulmanes uigures y otras minorías turcas han sido detenidos arbitrariamente. El gobierno chino lo califica de "formación profesional" contra el terrorismo. La comunidad internacional, sin embargo, lo considera un caso de limpieza étnica y religiosa.
El silencio selectivo: por qué unas víctimas importan más que otras
Si el mapa de la persecución es global, también lo es el silencio que la rodea. Pero no es un silencio uniforme. Hay persecuciones que generan titulares, campañas de solidaridad y sanciones internacionales, y otras que apenas merecen un informe de una ONG. La diferencia no está en la gravedad de los hechos, sino en la capacidad de lobby de cada comunidad, los intereses geopolíticos y los prejuicios culturales.
Tomemos dos ejemplos. El asalto a la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh (2018) y la toma de rehenes en la sinagoga de Colleyville (2022) generaron una cobertura mediática masiva y una condena unánime. Es comprensible: ocurrieron en Estados Unidos, un país con una poderosa comunidad judía y una prensa libre. Pero, ¿cuántos titulares han merecido los 300.000 muertos en Nigeria? ¿O el millón de uigures detenidos en China? La respuesta es incómoda: muy pocos.
El informe "Rising from the Ashes: The Global State of Religious Freedom" (2023) de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) clasifica a los "países de especial preocupación" (CPC) y ofrece recomendaciones políticas. En su lista figuran China, India, Nigeria, entre otros. Pero la aplicación de estas recomendaciones depende de la voluntad política de las grandes potencias. China es un socio comercial indispensable; India es un contrapeso estratégico frente a China; Nigeria es un proveedor de petróleo. La realpolitik impone silencios.
El silencio también tiene un componente cultural. La persecución de cristianos en Oriente Medio —asirios, caldeos, coptos— rara vez genera la misma indignación que la persecución de musulmanes en Occidente. Parte de ello se debe a que el discurso dominante en los medios occidentales tiende a privilegiar la narrativa de la "islamofobia" sobre la de la "cristianofobia", a menudo por un legítimo deseo de no alimentar prejuicios racistas. Pero el resultado es una distorsión de la realidad: los cristianos son, hoy por hoy, la comunidad religiosa más perseguida del mundo, según la mayoría de los informes de derechos humanos. Y decirlo no implica negar la islamofobia, sino reconocer que la persecución no es un juego de suma cero.
La tiranía del laicismo: cuando la neutralidad se vuelve arma
Uno de los debates más complejos en torno a la persecución religiosa es el papel del laicismo. En teoría, el laicismo es la separación entre el Estado y la religión, una garantía de libertad para todos. En la práctica, puede convertirse en una herramienta de control social tan eficaz como cualquier teocracia.
Francia es el caso paradigmático. Tras el asesinato del profesor Samuel Paty en octubre de 2020, el gobierno francés intensificó la ley de 1905 sobre laicismo. En 2021, se aprobó la ley "contra el separatismo" que refuerza el control sobre asociaciones religiosas, prohíbe el velo integral en espacios públicos y limita la educación en casa. El objetivo declarado es combatir el extremismo islamista, pero el efecto ha sido un endurecimiento de las restricciones a la libertad religiosa para todos, especialmente para los musulmanes. El debate es intenso: para algunos, es una defensa necesaria de los valores republicanos; para otros, una forma de persecución encubierta.
El caso de Rusia es aún más explícito. En abril de 2017, el Tribunal Supremo de Rusia declaró a los Testigos de Jehová como "organización extremista", prohibiendo sus 395 congregaciones y confiscando sus bienes. Cientos de fieles han sido encarcelados, algunos por simples reuniones de oración. Rusia no es un Estado teocrático, sino un régimen autoritario que utiliza el laicismo como pretexto para eliminar cualquier disidencia, incluida la religiosa.
El laicismo, cuando se convierte en dogma de Estado, puede ser tan opresivo como cualquier religión oficial. La diferencia es que se presenta como neutral, lo que dificulta su crítica. Pero la persecución no distingue entre motivos ideológicos: un uigur en China, un ahmadí en Pakistán y un Testigo de Jehová en Rusia comparten la misma experiencia de ser considerados una amenaza para el poder establecido.
El nacionalismo religioso: la fe como herramienta de Estado
Si el laicismo puede ser un arma, el nacionalismo religioso es un martillo. En India, la Ley de Enmienda a la Ciudadanía (CAA), aprobada en diciembre de 2019, acelera la naturalización de inmigrantes no musulmanes de países vecinos (Afganistán, Bangladés, Pakistán), excluyendo explícitamente a los musulmanes. La ley ha sido denunciada como un paso hacia un estado hindú, generando protestas masivas y violencia intercomunitaria. El gobierno de Narendra Modi, del partido nacionalista hindú BJP, ha utilizado la religión como herramienta de consolidación del poder, marginando a la minoría musulmana (cerca del 14% de la población).
En Birmania, el nacionalismo budista ha sido igualmente destructivo. La violencia contra la minoría musulmana rohinyá fue la más visible, pero también hay persecución contra cristianos e hindúes. Tras el golpe de Estado militar de 2021, la Junta ha utilizado la retórica nacionalista budista para justificar la represión, atacando iglesias y mezquitas en regiones como Chin y Sagaing. La religión, en este caso, no es la causa del conflicto, sino la coartada.
En Azerbaiyán, el nacionalismo se ha manifestado en la destrucción sistemática de la herencia cultural armenia. Tras la guerra de Nagorno-Karabaj en 2020, el gobierno de Azerbaiyán ha demolido iglesias y monasterios armenios, como la catedral de Ghazanchetsots en Shushi. La UNESCO ha documentado la demolición de al menos 15 sitios religiosos, calificándolo de "borrado de la herencia cultural cristiana". No es persecución directa de personas, sino de su memoria y su identidad.
El nacionalismo religioso no es un fenómeno exclusivo de Oriente. En Estados Unidos, el aumento del antisemitismo —con un 36% más de crímenes de odio contra judíos en 2023, según el FBI— está alimentado por teorías conspirativas de extrema derecha y, más recientemente, por la polarización en torno al conflicto en Gaza. La religión se convierte en un marcador de identidad política, y quien no encaja en la mayoría es percibido como una amenaza.
El debate incómodo: derechos humanos versus realpolitik
Llegamos al núcleo del debate: ¿cómo definir, medir y priorizar la persecución religiosa? Existen dos posturas enfrentadas, y ambas tienen argumentos sólidos.
Postura A (Enfoque "clásico" o de derechos humanos): Sostiene que la persecución debe medirse por la violación de derechos fundamentales (libertad de culto, de conciencia, de reunión). Prioriza casos donde el Estado o actores no estatales atacan a minorías religiosas (cristianos en Oriente Medio, ahmadíes en Pakistán, yazidíes en Irak). Critica que la comunidad internacional a menudo mira hacia otro lado cuando el perseguidor es un aliado geopolítico (Arabia Saudí, China, India).
Postura B (Enfoque "interseccional" o de poder): Argumenta que la persecución no puede separarse de otros ejes de opresión (etnia, clase, género, nacionalidad). Señala que el término "persecución religiosa" es a veces instrumentalizado por gobiernos occidentales para justificar intervenciones militares o sanciones económicas. Pone el foco en cómo el Estado utiliza la religión como herramienta de control social (Francia con el laicismo, India con el nacionalismo hindú, China con el ateísmo de Estado). Denuncia que se ignore la persecución a ateos y disidentes religiosos en países laicos.
Ambas posturas tienen razón en parte. La primera destaca la urgencia de proteger a las minorías más vulnerables. La segunda nos recuerda que la persecución no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado de poder. Pero ambas coinciden en un punto: el silencio mediático es el mayor problema. Los cristianos en Nigeria o los uigures en China apenas aparecen en portadas, mientras que un ataque a una sinagoga en Europa genera titulares globales. La controversia real es: ¿qué persecución merece indignación y cuál se normaliza? No hay una respuesta fácil, y depende de intereses geopolíticos, prejuicios culturales y la capacidad de lobby de cada comunidad.
El poder detrás del altar: dinero, influencia y manipulación
Para entender la persecución religiosa, hay que seguir el rastro del dinero y el poder. La religión no es solo un sistema de creencias; es también una institución con recursos económicos, redes de influencia y capacidad de movilización. Y donde hay poder, hay manipulación.
En Arabia Saudí, la financiación del wahabismo —una interpretación ultraconservadora del islam— ha sido una herramienta de influencia geopolítica durante décadas. Mezquitas, escuelas y centros culturales financiados por Riad han exportado una visión intransigente del islam que ha alimentado el extremismo en países como Pakistán, Nigeria o Indonesia. No es que Arabia Saudí persiga directamente a otras religiones, pero su apoyo a una interpretación excluyente del islam crea un caldo de cultivo para la persecución.
En India, el partido BJP ha utilizado la religión como plataforma electoral, prometiendo la construcción de un templo hindú en Ayodhya sobre las ruinas de una mezquita. La polarización religiosa le ha dado victorias electorales, pero ha costado cientos de vidas en disturbios intercomunitarios. La religión se convierte en un negocio político: la fe de unos se utiliza para marginar a otros.
En Estados Unidos, el lobby cristiano evangélico ha influido en la política exterior, presionando para que se priorice la protección de los cristianos en Oriente Medio mientras se minimizan las violaciones de derechos humanos en países aliados como Israel o Arabia Saudí. No es hipocresía, es estrategia: la defensa de la libertad religiosa se convierte en una herramienta de política exterior, no en un principio universal.
La manipulación no es exclusiva de los gobiernos. Organizaciones no gubernamentales, think tanks y grupos de presión también seleccionan qué casos destacar según sus agendas. La persecución de los cristianos en Nigeria es un tema recurrente en los medios conservadores estadounidenses, mientras que la persecución de los musulmanes en India es más frecuente en los medios progresistas. La verdad se fragmenta según la audiencia.
Desmontando mitos: lo que los datos no dicen
Antes de concluir, es necesario desmontar algunos mitos que distorsionan el debate.
Mito 1: "La persecución religiosa es cosa del pasado". Falso. Como hemos visto, está más viva que nunca. El informe "Freedom of Thought Report 2023" de Humanists International documenta leyes de blasfemia en 13 países (como Pakistán, Irán, Arabia Saudí) y la criminalización del ateísmo en al menos 6. La persecución no es un residuo, sino una estrategia activa de control.
Mito 2: "Solo los regímenes teocráticos persiguen". Falso. Francia, un Estado laico, ha endurecido las restricciones a la libertad religiosa. Rusia, un Estado autoritario laico, ha prohibido a los Testigos de Jehová. La persecución no depende de la presencia de una religión oficial, sino de la voluntad del Estado de controlar la conciencia de sus ciudadanos.
Mito 3: "La persecución es siempre violencia física". Falso. La persecución también puede ser legal (leyes discriminatorias), económica (confiscación de bienes) o cultural (destrucción de patrimonio). La demolición de iglesias armenias en Azerbaiyán es un ejemplo de persecución cultural: no se mata a las personas, pero se borra su memoria.
Mito 4: "Los datos son objetivos". No del todo. Las cifras de persecución dependen de quién las recoge y con qué metodología. El Departamento de Estado de EE. UU. tiende a destacar la persecución de cristianos, mientras que Human Rights Watch pone más énfasis en la de musulmanes. No es que una sea falsa y la otra verdadera, sino que cada una refleja una prioridad distinta. El lector crítico debe preguntarse siempre: ¿quién produce este dato y con qué fin?
Hacia una conciencia crítica: entre la indignación y la acción interior
Hemos recorrido un mapa de horror: campos de concentración en Xinjiang, genocidio en Irak, leyes discriminatorias en India, destrucción cultural en Azerbaiyán, laicismo militante en Francia. Pero este artículo no pretende ser un catálogo de desesperanza, sino una invitación a la conciencia crítica.
La primera lección es que la persecución religiosa no es un error del sistema, sino una estrategia de poder. Todo Estado —ya sea teocrático, laico o autoritario— utiliza la religión (o su ausencia) para consolidar poder. La persecución no es un accidente, sino una herramienta: eliminar a quien disiente, unificar a la mayoría contra un enemigo externo o interno, y justificar el control social.
La segunda lección es que la fe es un marcador de identidad, no solo de creencia. La persecución no ataca lo que una persona cree, sino lo que es en el mapa social. Un cristiano en Irak o un uigur en China no es perseguido por su teología, sino por ser miembro de una comunidad étnico-religiosa que el poder considera una amenaza. La identidad es el campo de batalla.
La tercera lección es que el silencio es cómplice. No basta con indignarse ante un ataque a una sinagoga en Pittsburgh si ignoramos la destrucción de iglesias en Nigeria. La conciencia crítica exige ampliar el foco, preguntarnos por qué unas víctimas merecen titulares y otras no, y reconocer que nuestra propia posición geopolítica y cultural determina lo que vemos y lo que ignoramos.
Y aquí llegamos al camino interior. Porque la persecución religiosa no es solo un problema de política exterior, sino también una pregunta sobre nuestra propia relación con la fe, la identidad y el poder. ¿Qué significa realmente la libertad de conciencia? ¿Estamos dispuestos a defenderla para todos, incluso para aquellos cuya fe nos resulta ajena o incómoda? ¿O nuestra defensa de la libertad religiosa es selectiva, condicionada por nuestras afinidades políticas o culturales?
La respuesta no está en un informe de la ONU ni en una campaña de solidaridad, aunque ambas son necesarias. Está en un examen interior: reconocer que la persecución comienza cuando dejamos de ver al otro como un ser humano y lo reducimos a una etiqueta religiosa, étnica o política. Y que la defensa de la libertad religiosa no es un acto de caridad, sino de justicia: la justicia de reconocer que cada persona tiene derecho a creer —o no creer— sin ser perseguida por ello.
El mapa de la persecución es global, pero la respuesta también puede serlo. No se trata de elegir entre indignación y acción, sino de cultivar una conciencia que nos permita ver el sufrimiento donde otros ven solo estadísticas. Y actuar, desde donde estamos, para que el silencio no sea nuestra única respuesta.
La fe, al fin y al cabo, no es solo lo que nos separa. También puede ser lo que nos une. Pero para eso, primero debemos aprender a mirar.